Institucionalización de la comunidad gay-lésbica – México

Institucionalización de la comunidad LGBTI
Institucionalización de la comunidad LGBTI

En México, a lo largo del siglo XX, las personas homosexuales han ido adquiriendo lentamente certeza jurídica para su vida individual y colectiva, durante siglos negada. Señalados tradicionalmente por el descrédito y la burla, en el mejor de los casos, sólo será hasta las últimas décadas del siglo XX cuando la dimensión jurídica comenzará a diluir la discriminación social, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha indicado siempre lo contrario. En su artículo 1º se señala: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Numerosos hechos históricos indican que la realidad social mexicana ha distado mucho de lo que la Carta Magna impone, pues basta recordar aquel penoso suceso de principios del siglo XX en la ciudad capital, “más conocido como el baile de los 41”, cuando fueron sorprendidos por la policía ese número preciso de homosexuales divirtiéndose en una tertulia privada.4 (Novo, 1998:159). No fue hasta 1979 cuando se llevó a cabo la primera Marcha del Orgullo Homosexual por algunas calles de la Ciudad de México, celebración que a partir de entonces se llevara a cabo cada año.

A partir de los años ochenta y noventa, algunos sectores de la comunidad gay-lésbica mexicana comenzaron a expresar una postura políticamente más decidida. Así, en 1982, Max Mejía, Pedro Preciado y Claudia Hinojosa fueron los primeros candidatos a diputados federales manifiestamente gays; en 1997 Patria Jiménez, abiertamente lesbiana, tomó posesión como diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La actividad política de diversos grupos de la comunidad gay-lésbica dio como resultado que tanto la Asamblea Legislativa como la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México promulgaran leyes e implementaran políticas públicas dirigidas a brindar un marco de respeto a las minorías que conforman la diversidad sexual de los ciudadanos del Distrito Federal. Así, en 1998 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal organizo el Primer Foro Legislativo sobre Diversidad Sexual, de donde justamente nacería la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia.

En 1999 decenas de miles de personas participaron en la XXI Marcha del Orgullo Lésbico Gay, marchando por Paseo de la Reforma, para culminar por vez primera en el simbólico Zócalo. En el año 2000, la entonces Jefa de Gobierno Rosario Robles Berlanga, promulgó la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, que propone “Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos excluidos, en condiciones de subordinación o discriminación por razones de su condición socioeconómica, edad, sexo, pertenencia étnica, características físicas, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa, o cualquier otra” (Capítulo Primero, Artículo 1º, apartado VIII).

En 2001, la primera diputada lesbiana del Distrito Federal, Enoé Uranga, impulsó la primera iniciativa de la Ley de Sociedades de Convivencia, para lograr garantías jurídicas para parejas del mismo sexo sin que lamentablemente lograse ser votada y aprobada, En 2005 se promulgó la Ley para prevenir y erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, donde se entiende por “discriminación” a toda distinción, exclusión o restricción basada en diversos orígenes, entre ellos los de la orientación sexual, lo cual menoscaba el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, libertades y oportunidades de los individuos. En 2006 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) logró aprobar la Ley de Sociedad de Convivencia –promulgada en 2007- que en su artículo 2º señala: “La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral, que se constituye cuando dos personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y de ayuda mutua”. Esta ley, sin embargo, tiene importantes limitaciones. Aunque se reconoce el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan unirse para formar un núcleo familiar,5 no lo homologa al matrimonio, si bien permite especificar en el contrato los vínculos patrimoniales aplicables en derechos sucesorios.

En otros aspectos sí se han alcanzado consensos en al ámbito federal, como cuando en el 2006 la Cámara de Diputados Federal6 instituyó al día 17 de mayo7 como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, avance legislativo que lamentablemente, el actual Presidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, proveniente de un partido de derecha, se ha negado hasta ahora a promulgar. En contraste, el actual gobierno de la ciudad, en su Programa General de Desarrollo 2007-2012, ha señalado como sus prioridades la erradicación de toda forma de discriminación, a través del Programa de Diversidad Sexual instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, producto en buena medida de las presiones que han ejercido las organizaciones sociales en torno a este tema.

Sin embargo, pese a estos avances jurídicos en torno a la diversidad, la realidad social muestra que aún existe mucha homofobia, física y mental, pues el machismo está aún fuertemente arraigado, incrementado por la posición inflexible que toman las diversas iglesias en un país que se confiesa mayoritariamente católico, apostólico y romano,8 y en donde impera fuertemente todavía una doble moral: “Citando algunos números, la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2004 señala que 48.4% de las personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa viviera un homosexual y 42.4% opinó que las autoridades de gobierno deben mantenerse al margen si una comunidad decide que los homosexuales no deben vivir ahí, así como la Encuesta Nacional de la Juventud, en el 2000, reportó que el 71% de los jóvenes no apoyarían los derechos de los homosexuales” (2008).9

Célebre es el caso de una pareja de gays que sufriera discriminación por orientación sexual dentro del entonces recién inaugurado centro comercial –el ya mencionado Reforma 222- en los límites de la propia zona rosa, ocurrido el 18 de noviembre de 2007, cuando dos jóvenes fueron expulsados por el guardia privado al ir tomados de la mano y besándose públicamente.

La pareja, que afortunadamente conocía sus derechos jurídicos como ciudadanos del Distrito Federal, reclamó el hecho de que sólo fueran expulsados ellos, a pesar de que existían parejas heterosexuales que realizaban el mismo tipo de expresiones afectivas. La administración del centro secundó en el momento la actitud del personal de seguridad, lo que motivó que algunas semanas más tarde, el 17 de enero de 2008, se manifestaran decenas de gays y lesbianas frente a este centro comercial, por lo que los administradores tuvieron que ofrecer una disculpa pública a los afectados, publicarla en un diario local y reiterar que en el futuro no volverían a producirse estos actos de violencia y discriminación.10

Notas.

  1. “El 20 de noviembre de 1901, en la calle de La Paz, la policía irrumpe un baile de homosexuales, travestis y vástagos de las familias notables del porfiriato. La redada adquiere perfiles legendarios, por la represión que fueron objeto. Prologo de Carlos Monsiváis, al libro de La estatua de sal, de Salvador Novo, Col. Memorias Mexicanas, CONACULTA, México, 1998, p.15.
  2. Cabe enfatizar que esta ley no es exclusivamente dirigida a los gays y lesbianas, sino que también es una opción para los individuos bisexuales o heterosexuales. En este sentido, si bien no es una figura homologable al matrimonio, constituye una propuesta jurídica incluyente y vanguardista, pues no limita su ámbito al modelo de matrimonio heterosexual, sino que abre la opción a diversos modelos de familias. Por el contrario, las limitaciones de estas sociedades de convivencia son de otro orden, específicamente por las pocas consecuencias legales que aún produce, como por ejemplo, que al no ser de alcance nacional –solo se reconoce en la ciudad de México- no tiene consecuencias en torno a derechos laborales para la viudez de uno de ellos, o bien, de seguridad social para ambos convivientes.
  3. Para erradicar la discriminación y crímenes contra homosexuales, la Cámara de Diputados aprobó el 21 de noviembre de 2006, a través de un punto de acuerdo presentado por la fracción parlamentaria del PRD, el instituir el 17 de mayo como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia
  4. Las razones de esta fecha específica son muy claras: el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la “homosexualidad” de la lista de las enfermedades mentales, razón por la cual la fecha señala el fin del concepto de homofobia médica.
  5. El 90 % de los mexicanos se confiesa como pertenecientes al catolicismo, sin embargo esta cifra ha decrecido gradualmente, tanto por el incremento de otras iglesias, como por el propio desinterés o desilusión de sus creyentes.
  6. Programa General de Gobierno 2007-2012 y la Diversidad sexual, p. 3, 2008. Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Gobierno del Distrito Federal,
  7. Este caso fue publicado en varios diarios de distribución nacional -específicamente el periódico La Jornada-, así como también en varios sitios de Internet. Laura Pérez, en NotieSe, en: http://www.sentidog.com/article.php?id_ news=20065

Fuente:     Revista Digital Universitaria. Visibilidad de la comunidad gay y lésbica en el espacio público de la Ciudad de México.

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num9/art85/index.html


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