Solicitaron reconocer los crímenes de odio – México

367. Crímenes de odio

Febrero 2, 2006

La siguiente, es la carta [reproducida en esta fecha en La Jornada] que se leyó ese mediodía en la conferencia de prensa por parte de las organizaciones civiles con referencia a la detención del multiasesino de homosexuales.

El secuestro de seis jóvenes homosexuales y el atroz y cruel asesinato de al menos cuatro de ellos a manos del multihomicida confeso Raúl Osiel Marroquín Reyes alerta a la sociedad de la gravedad de un problema que no ha sido debidamente sopesado. Si bien, él ha confesado que la motivación de sus crímenes era obtener un botín, el ultraje y la tortura a la que fueron sometidas las víctimas y la saña con la que perpetraron los homicidios él y sus cómplices nos indican que estamos frente a crímenes motivados por el odio y el desprecio hacia los homosexuales.

      Marroquín Reyes, apodado “El Sádico”, no deja lugar a dudas en sus declaraciones: “Considero que en cierta manera hasta le hacía un bien a la sociedad. Digo, actualmente, en la televisión, por todas partes vemos este tipo de gente y hacen que se malee la infancia. Repito, me deshice de cuatro homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al Metro y se van besuqueando. Voy por la calle y me chiflan, me hablan.”. La certeza “justiciera” de estar eliminando a los elementos más “despreciables” que amenazan a la sociedad, hace que este tipo de criminales no sientan remordimiento alguno: “No me arrepiento, (lo volvería a hacer) sólo que ahora refinaría mis métodos para no cometer los mismos errores”. Los crímenes de odio por homofobia han sido una constante en la historia de nuestro país. Sin embargo, la falta de reconocimiento de la existencia de este tipo de crímenes por parte de las autoridades judiciales y de la sociedad en su conjunto ha impedido que se actúe con eficacia y se tomen las medidas necesarias para prevenirlo. La ejecución de estos jóvenes gays de 20, 23 y 28 años se suma a la de cientos más que han sufrido la misma suerte. Es el caso del activista gay Octavio Acuña, asesinado con la misma saña y alevosía el pasado 21 de junio en la ciudad de Querétaro mientras atendía una condonería donde impartía pláticas de salud y educación sexual a jóvenes y adolescentes. Su ejecución hasta la fecha continúa impune. De 1995 a 2003, se han contabilizado, a partir de un registro hemerográfico, 290 homosexuales asesinados en Colima, Yucatán, Michoacán, estado de México, Veracruz y el Distrito Federal principalmente. El número real es sin duda mucho mayor, pero esa cifra da una idea de la dimensión del problema.

        Pero a pesar de su gravedad, ha prevalecido hasta ahora la indiferencia social y de las autoridades judiciales sobre este tipo de crímenes que afectan a una población devaluada y deshumanizada de antemano por el prejuicio social, lo que coloca a las y los miembros del colectivo gay en una situación de indefensión, los vuelve “presas fáciles” a los ojos de criminales como el ex militar Marroquín Reyes: “Lo que ocurre es que se me facilitaba, digamos, engancharlos para poder llevarlos a mi departamento”.

         Las mismas autoridades judiciales han contribuido enormemente al fortalecimiento del prejuicio antihomosexual al calificar a los asesinatos contra homosexuales como “crímenes pasionales” o “típicos de homosexuales”, como calificó el procurador del estado de Coahuila, Oscar Calderón Sánchez, el asesinato del dirigente del PRI en Piedras Negras el pasado mes de octubre. Nos congratulamos del arresto de este multihomicida por parte de la Agencia Federal de Investigación, pero creemos necesario incorporar en el marco de nuestras leyes penales como un agravante los crímenes motivados por el odio para entender cabalmente la naturaleza de este tipo de delitos. Las ventajas de incorporar tal figura serían varias:

     En primer lugar, permitiría abrir la discusión y la reflexión públicas sobre lo que bien podría denominarse una catástrofe moral y penal, cuyas dimensiones adquieren su mayor dramatismo en el caso de las cientos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. El reconocimiento de los crímenes de odio apela a una toma de conciencia por parte de la sociedad sobre los efectos perniciosos del estigma que pesa sobre ciertas conductas juzgadas “indeseables”, o simplemente hacia modos de vida percibidos como una amenaza para la sociedad, o simplemente del desprecio hacia las personas desvalorizadas y deshumanizadas por el hecho de ser diferentes o percibirse como inferiores. La intolerancia que se desprende de esos estigmas y prejuicios conoce su acción extrema en los asesinatos y ejecuciones motivados por el odio y el desprecio.

       En segundo lugar, obligaría a las autoridades judiciales a llevar un registro puntual y de este tipo de crímenes y de sus perpetradores. Esto permitiría, a su vez, conocer la dimensión real de este grave problema que afecta de manera particular a mujeres, niñas, ancianas, trabajadoras sexuales, migrantes, indígenas, creyentes no católicos, homosexuales, lesbianas y transexuales.

         Mientras no se reconozca la existencia de crímenes de odio, la situación que los motiva no será comprendida a cabalidad y, por tanto, la prevención e investigación de este tipo de delitos carecerá de eficacia. El asumir como crímenes de odio este tipo de delitos permite colocarlos en un contexto social y cultural, e impide que se les considere como delitos aislados, perpetrados por individuos desquiciados y perturbados sin relación alguna con su entorno. Es decir, posibilitaría asumir la parte de responsabilidad que le corresponde a la sociedad y actuar en consecuencia. Si el odio a las diferencias es un motivo tan poderoso que llega al extremo del exterminio, la sociedad y sus instituciones tienen una labor urgente en la construcción de normas de convivencia basadas en el respeto y el reconocimiento de las diferencias. La aplicación de la justicia también comienza por utilizar los términos precisos y correctos en las investigaciones policíacas.

La carta se acompañó de cientos de firmas, encabezada por la de Carlos Monsiváis, de personas y organizaciones tanto nacionales como extranjeras en apoyo a esta denuncia y solicitud.

 

Publicado en NOTIESE   www.notiese.org

 

¡SEIS AÑOS DESPUÉS…!

La vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Puebla opinó que para gravar los homicidios por orientación sexual se requiere un análisis profundo. Por otro lado refirió que la creación de la Ley contra la Discriminación es factible.

Sobre el particular, reveló que ya trabaja en dicha iniciativa, misma que podría impulsar en 2012, a petición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

En 17 entidades federativas se cuenta con leyes contra la discriminación (ENADIS 2010); de ellas 15 consideran como discriminación la anulación, exclusión o restricción de derechos basada en la orientación o preferencia sexual e identidad de género. Las leyes estatales rigen en: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas. Tamaulipas y el Estado de México no hacen explícita la discriminación por esta causa.

El Distrito Federal hizo lo propio hace 5 años, incluso la Asamblea Legislativa estudió el tema por segunda ocasión. Tras los trabajos en la materia, emitió un decreto para derogar la ley de 2006 e implementar una nueva-conformada por 57 artículos- que entró en vigor el 25 de febrero de este año.

En este contexto, Buxadé Castelán indicó que para integrar la iniciativa poblana, los trabajos iniciarían a través del Derecho comparado, es decir, elaborar un diagnóstico de las 17 leyes estatales, así como delimitar competencias respecto a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, expedida en 2003.

El artículo 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, establece que “Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación”.

Publicado en     http://ladobe.com.mx


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