Asesinatos de homosexuales en Chiapas, México: continúa la impunidad – 1991-1993

Amnistía Internacional, octubre de 1994

Índice de AI: AMR 41/07/94/s

344. Asesinatos de gays en Chiapas

INTRODUCCIÓN

Entre junio de 1991 y febrero de 1993, al menos 11 homosexuales fueron asesinados en la zona de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. De acuerdo con los indicios recogidos por grupos defensores de los derechos de los gays y las lesbianas, todos estos crímenes presentaron características similares que indicarían la existencia de una constante de violencia dirigida específicamente contra la comunidad gay de la zona. Algunos testigos sostienen que podría haber al menos otras 4 muertes violentas que no fueron reconocidas por las autoridades como parte de esta constante de violencia (véase página 4). Un factor común de estos crímenes es que sus víctimas pertenecían a un sector marginado de la sociedad mexicana, por lo general de recursos humildes, que ha sufrido hostigamientos y abusos por muchos años. Las lesbianas, los gays, los travestís y los transexuales no son los únicos que sufren estos tipos de abuso en México, aunque con frecuencia lo sufren por la sola razón de su orientación sexual.

Las investigaciones han adolecido de deficiencias administrativas y otras graves irregularidades desde su comienzo. Según la información recibida por Amnistía Internacional, por lo menos tres de las personas detenidas en conexión con estos homicidios han declarado que las torturaron y maltrataron para que confesaran su supuesta participación en los mismos. Al parecer, cuatro de los funcionarios presuntamente involucrados habrían sido ascendidos en sus puestos y aun trabajando para diversos organismos gubernamentales en Chiapas y fuera del estado. El fiscal especial designado en abril de 1994 por el gobernador de Chiapas para continuar con las investigaciones presentó su renuncia en junio, al no haber recibido apoyo alguno de las autoridades locales.

El homicidio, en mayo de este año, de otro hombre en circunstancias similares a los otros asesinatos de gays, pone de relieve la ineficacia de las medidas tomadas hasta el presente por las autoridades chiapanecas para proteger tanto a la población gay como a los testigos de estos crímenes.

En vista de las graves irregularidades procesales y administrativas de que ha adolecido esta investigación desde su comienzo –incluyendo el encarcelamiento arbitrario de tres personas, y la tortura y los malos tratos que éstos y otros acusados habrían sufrido–, Amnistía Internacional considera que las autoridades de Chiapas no han cumplido su deber de investigar estos crímenes de manera imparcial, exhaustiva y expedita, propiciando de tal forma que los verdaderos autores queden impunes. A pesar de no existir prueba fehaciente de la responsabilidad directa de las autoridades mexicanas en estos crímenes, la sistemática falta de enjuiciamiento de los responsables sugiere que éstos actuaron con la tolerancia y hasta la posible complicidad de las autoridades estatales.

RESUMEN DE CASOS

Raúl CORZO CRUZ, de 35 años de edad, fue hallado muerto en la habitación de un motel de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 3 de junio de 1991. Había recibido dos puñaladas, una en el pecho y otra en el cuello.

El 8 de junio de 1991 se encontraron los cuerpos de Rodrigo BERMÚDEZ PADILLA (conocido como Tatiana), Raúl Adolfo VELASCO VÁZQUEZ y otro hombre no identificado, en la carretera que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas. Los tres parecen haber sido acribillados con armas automáticas. Los tres tenían entre 19 y 22 años de edad, eran travestis y se dedicaban a la prostitución. El cuerpo de la víctima no identificada fue sepultado en una fosa común.

Vicente TORRES TOLEDO (a quien también se conocía como María Fernanda o Chentilla), de 25 años de edad, y Víctor SUÁREZ CASTILLEJOS (conocido como Gaby), de 23 años, fueron vistos con vida por última vez en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 8 de noviembre de 1991 abordando un vehículo en el que viajaban dos hombres. Al día siguiente encontraron sus cuerpos cerca de la carretera Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal, a media hora de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con señales de impacto de balas (calibre 9). Los dos participaban en espectáculos travestis y Víctor Suárez se dedicaba a la prostitución.

Jordán BALBUENA GÓMEZ, de unos 25 años de edad, fue asesinado a tiros en el municipio de Chiapa del Corzo, cerca de Tuxtla Gutiérrez, alrededor del 4 de marzo de 1992. A pesar de que se reconoció oficialmente que el caso se insertaba claramente en la constante de asesinatos de gays, las autoridades impidieron que grupos defensores de los derechos de los gays y las lesbianas tuvieran acceso al expediente.

Jorge Darinel MALDONADO CASTELLANOS, estudiante de 24 años de edad, fue hallado muerto con cuatro heridas de bala (calibre 38) en la carretera Berriozábal-Ocozocuaútla el 15 de julio de 1992. El dinero, el reloj y la cadena de oro que llevaba al parecer no habían sido tocados. La investigación sobre su asesinato fue archivada el 17 de julio de 1992, dos días después de descubrirse el cadáver, y no fue reabierta hasta el 4 de septiembre de 1992.

Según testigos presenciales, el 28 de octubre de 1992 Martín ORDÓÑEZ VÁZQUEZ (también conocido como Martina), de 21 años de edad, y Miguel Ángel GERÓNIMO SEGURA (conocido como Alejandra), de 18 años de edad, subieron a un vehículo en el que viajaban dos hombres y se desplazaron a las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Ambos se dedicaban a la prostitución. Según el testimonio de Miguel Ángel Gerónimo Segura, al llegar a un descampado próximo al mercado de abastos, el conductor del automóvil tuvo relaciones sexuales con Martín Ordóñez y luego le disparó cuatro veces con un arma calibre 45. Miguel Ángel Gerónimo trató de escaparse pero le dispararon en el tobillo izquierdo y al darle alcance le dispararon de nuevo, esta vez dos tiros al pecho, y lo abandonaron dándolo por muerto. Miguel Ángel Gerónimo oyó que uno le decía al otro: «vámonos, Martín, el trabajo ya está hecho». Miguel Ángel Gerónimo sobrevivió, pues las balas no alcanzaron ningún órgano vital, y es un importante testigo en el caso.

En la madrugada del 4 de noviembre de 1992, se informa que José Luis DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ (también conocido como Verónica), de 21 años de edad, subió en un taxi con dos desconocidos en Tuxtla Gutiérrez. Se dedicaba a la prostitución. Su cadáver fue hallado más tarde en otra parte de la ciudad. Había sido asesinado de un tiro (calibre 25) en la nuca.

En la madrugada del 6 de febrero de 1993, Neftalí RUIZ RAMÍREZ (conocido como Vanessa), que se dedicaba a la prostitución y a los espectáculos travestís, recibió un impacto de bala en el pómulo izquierdo cuando se encontraba en una esquina de Tuxtla Gutiérrez. El disparo, aparentemente proveniente de una pistola calibre 38 fue hecho desde un automóvil que pasaba por la calle. Testigos presenciales indican que la persona que disparó trabajaba para la Policía Judicial Estatal. Neftalí Ruiz era el vicepresidente del Grupo Gay Travestí de Tuxtla Gutiérrez y al parecer había visto a Vicente Torres Toledo y Víctor Suárez Castillejos cuando se iban con dos hombres el 8 de noviembre de 1991, un día antes de ser encontrados muertos en las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Neftalí Ruiz había participado en varias marchas de protesta contra el asesinato de gays en Chiapas.

El 12 de mayo de 1994, la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas halló el cuerpo de Raymundo FIGUEROA PINTO en su casa, en la ciudad de Comitán. Se estimó que había sido asesinado a golpes 14 días antes de descubrirse el cadáver. Al redactar este informe, nadie había sido detenido en conexión con este asesinato y aún continuaban las investigaciones.

CASOS NO INCLUIDOS EN LA INVESTIGACIÓN OFICIAL

Los casos siguientes no fueron reconocidos por las autoridades como parte de la constante de asesinatos de gays en Chiapas, a pesar de existir testigos dentro de la comunidad gay que indican que las personas mencionadas eran homosexuales y que sus asesinatos estarían vinculados a los otros doce.

Eredín YABEN ARREOLA, de 21 años de edad. Su cuerpo fue hallado en las márgenes del río Sabinal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 14 de septiembre de 1991. Había recibido cinco heridas de bala (calibre 38) en el tórax.

Freddy CHACÓN RODRÍGUEZ, de 18 años de edad, fue asesinado entre el 22 y 23 de abril de 1992. Su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la carretera Berriozábal- Ocozocuaútla, con dos impactos de bala (calibre 10) en el tórax.

Roque JIMÉNEZ QUEVEDO, profesor de danza, fue asesinado a tiros el 30 de julio de 1992.

Miguel LÓPEZ AGUSTÍN, fue encontrado muerto el 19 de noviembre de 1992 en la habitación de un hotel en Tapachula, a unos 225 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, cerca de la frontera con Guatemala. Según informes, había llegado al hotel la noche anterior con otros dos hombres, quienes lo habrían golpeado y robado.

IRREGULARIDADES EN LAS INVESTIGACIONES

Las autoridades chiapanecas se comprometieron desde un principio, ante la prensa y ante grupos defensores de los derechos de los gays y las lesbianas, a investigar estos crímenes con prontitud e imparcialidad.

Al día siguiente del asesinato de José Luis Domínguez Hernández, ocurrido el 4 de noviembre de 1992, el nuevo Procurador General de Justicia del estado, Rafael González Lastra, anunció en conferencia de prensa la creación de un grupo especializado de agentes investigadores. El jefe del nuevo grupo sería Ignacio Flores Montiel, comandante de las corporaciones policíacas del estado de Chiapas. Ignacio Flores Montiel, también presente en la conferencia de prensa, dijo: «Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad dentro de las normas y lineamientos que nos rigen». Sin embargo, a más de tres años del primer asesinato y cuando se redacta este informe, ninguno de estos crímenes había sido esclarecido y las graves irregularidades encontradas en las investigaciones no habían sido subsanadas. Ignacio Flores Montiel, comandante de las corporaciones policíacas en Chiapas y jefe del grupo especial que investigó los asesinatos de gays, ha sido señalado repetidamente por grupos defensores de los derechos de los gays y las lesbianas como uno de los principales responsables en el encubrimiento de las graves irregularidades y violaciones de derechos humanos (incluyendo la tortura de sospechosos) cometidas en las investigaciones de estos crímenes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, de carácter gubernamental, y cuya principal función es recibir e investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y formular recomendaciones para la acción ante las autoridades competentes1, dirigió, el 20 de julio de 1993, su recomendación 113/93 al entonces Gobernador del estado de Chiapas, Elmar Setzer Marseille, exponiendo una serie de irregularidades encontradas en las investigaciones.

Aunque Amnistía Internacional reconoce la importancia de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este caso, la organización cree que la Comisión carece de efectividad para resolver las graves deficiencias del sistema judicial mexicano, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad de realizar investigaciones apropiadas y castigar a los culpables de graves violaciones de los derechos humanos. Las recomendaciones de la Comisión no tienen fuerza vinculante y las autoridades pueden ignorarlas sin temor a sanción legal.

Entre las irregularidades halladas por la Comisión, figuraban graves deficiencias investigativas en siete de las diez averiguaciones previas –incluyendo el uso inadecuado de técnicas forenses– y dilación en la integración de los expedientes en por lo menos tres casos.

La Comisión concluye que «en efecto, al no haberse practicado todas las diligencias necesarias, con la finalidad de esclarecer los hechos delictivos, se advierte que existió violación a los Derechos Humanos, toda vez que con dicha conducta omisiva se propicia la impunidad para los autores de conductas delictivas de tan relevante gravedad, como lo es la privación de la vida de una persona».

Ninguno de los funcionarios identificados por la Comisión ha sido investigados por las autoridades. Según los informes recibidos, por lo menos tres de los funcionarios responsables de las averiguaciones en las que existieron graves irregularidades administrativas, fueron ascendidos en sus puestos en diciembre de 1993.

LA “FABRICACIÓN” DE CULPABLES

La tortura en México continúa practicándose extensamente en el contexto de las investigaciones criminales. Su propósito es, sobre todo, intimidar a los detenidos y obtener confesiones. Éstas continúan siendo admitidas por los tribunales y en muchos casos han constituido la única prueba de cargo en la que se ha basado la condena de los encausados, a pesar de que éstos habían alegado que sus declaraciones de culpabilidad habían sido obtenidas bajo tortura. Pese a que las enmiendas de 1992 a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establecen penas más duras para los culpables de tales prácticas, casi cualquier detenido continúa corriendo el riesgo de ser torturado2.

Raúl MACAL MORENO y Hugo VERA PÉREZ fueron detenidos el 19 de julio de 1991 y liberados un día más tarde. Ambos declaran haber sido presionados por un agente del Ministerio Público de Chiapa de Corzo, para que confesaran los asesinatos de Raúl Adolfo Velasco Vázquez, Rodrigo Bermúdez Padilla y otro hombre no identificado. Un certificado de integridad física expedido por el agente del Ministerio Público el 20 de julio de 1991 confirma según parece la presencia de lesiones que coinciden con las alegaciones de tortura de Hugo Vera Pérez.

Martín Ramón MOGUEL LÓPEZ fue detenido por la Policía Judicial del estado de Chiapas sin orden de aprehensión el 24 de noviembre de 1992. Se lo acusó de haber dado muerte a Raúl Adolfo Velasco Vázquez, Rodrigo Bermúdez Padilla y otro hombre no identificado. En el momento de su detención, Martín Moguel López se encontraba con su hija de cuatro años. Martín Moguel López declaró ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos que lo torturaron hasta que firmó un acta en la que se incriminaba a sí mismo y a Germán Jiménez Gómez, ex-diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los asesinatos de por los menos cinco homosexuales (los tres recién mencionados además de Vicente Torres Toledo y Víctor Suárez Castillejos).

Según sus declaraciones ante la prensa, el día de su detención fue llevado a una casa de Chiapa de Corzo donde lo vendaron, lo golpearon, y le aplicaron el `tehuacanazo’3: «Me acostaron boca arriba, con la cabeza colgando. Me pusieron un trapo mojado en la cara, como máscara. Me echaron Tehuacán con chile [picante] encima del trapo. Cada vez que aspiraba absorbía el líquido. Así me tuvieron un buen tiempo, me dijeron que tenían toda la noche y toda la madrugada…». Le dijeron que se declarara culpable de la muerte de los cinco homosexuales: «Ahí no le acepté, pero cuando me trajeron a la Procuraduría de Justicia en Tuxtla Gutiérrez, y cuando me pusieron frente a mi hija de cuatro años de edad, y me dijeron que firmara o que pensara en ella, en ese momento ni siquiera revisé los documentos y los firmé».

Martín Moguel López fue acusado formalmente del homicidio de los cinco homosexuales y llevado al Penal de Cerro Hueco. Pese a que denunció que lo habían torturado para que confesara, fue condenado a 16 años de prisión el 26 de noviembre de 1993. La sentencia fue apelada ante el Tribunal Superior de Justicia del estado de Chiapas, y el 4 de febrero de 1994, se determinó revocarla y otorgarle la libertad inmediata.

Carlos CRUZ BAUTISTA, de 24 años de edad, fue detenido el 22 de diciembre de 1992 por miembros de la Policía Judicial del Estado, quienes, de acuerdo a su testimonio ante la prensa, «lo torturaron por espacio de 15 minutos en un cuarto…, donde le aplicaron el clásico tehuacanazo y luego de declararse culpable y ser señalado por [un] taxista [en rueda de reconocimiento]…, fue consignado ante el juez…». Carlos Cruz Bautista fue acusado de asesinar a José Luis Domínguez Hernández y sentenciado a ocho años de prisión en junio de 1993. La sentencia fue confirmada el 10 de diciembre de 1993 por el Tribunal Supremo de Justicia del estado de Chiapas. En febrero de 1994, la Barra Chiapaneca de Abogados tomó la defensa de Carlos Cruz Bautista y presentó una solicitud de juicio de amparo4 en su favor. Carlos Cruz Bautista fue puesto en libertad a fines de marzo de 1994.

El 21 de febrero de 1993, Jorge Alejandro GUTIÉRREZ ESPONDA fue detenido sin orden de aprehensión por miembros de la Policía Judicial del estado de Chiapas. Al día siguiente lo acusaron formalmente del asesinato de Neftalí Ruiz Ramírez ante el juez cuarto del ramo penal de Tuxtla Gutiérrez. Fue recluido en el penal de Cerro Hueco. Según el Círculo Cultural Gay, Enrique Corzo Henning y Alonso Coutiño Argüello, dos de los testigos que identificaron a Jorge Gutiérrez Esponda como autor del asesinato de Neftalí Ruiz Ramírez, retractaron posteriormente sus declaraciones y dijeron temer por sus vidas, ya que sus declaraciones habían sido «arrancadas mediante presiones de diversos tipos» por las autoridades. Fue puesto en libertad sin cargos en octubre de 1993, por falta de pruebas.

También han sido víctimas de amenazas anónimas los periodistas que han seguido el desarrollo de las investigaciones. Por ejemplo, Francisco Ramírez Solís, director del periódico “El Observador de la Frontera Sur”, recibió por teléfono una amenaza de muerte el 20 de enero de 1993. “El Observador de la Frontera Sur” había informado sobre los asesinatos de gays en Chiapas y se había pronunciado en forma crítica sobre la manera en que se estaban llevando las investigaciones.

ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES

Tras la puesta en libertad de las tres personas injustamente acusadas de estos crímenes, los grupos defensores de los derechos de los gays y las lesbianas hicieron nuevos llamamientos para que se estableciera una fiscalía especial que llevara a cabo las investigaciones de manera imparcial.

A su vez, la presión continuó creciendo para implementar en su totalidad la recomendación 113/93 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que se pedía al gobernador de Chiapas que castigara las graves deficiencias investigativas habidas en nueve de las diez averiguaciones previas.

Según informes periodísticos, el 26 de enero de este año, Ignacio Flores Montiel, ex coordinador de los servicios de seguridad de Chiapas, fue detenido por tráfico de armas, secuestro y homicidio. Sin embargo, las autoridades no han confirmado su detención ni los cargos que se le imputan, a pesar de repetidas denuncias contra esta persona presentadas por grupos defensores de los derechos de los gays y las lesbianas.

Ramón Herrera Bautista, ex subcomandante de región de la Policía Judicial del estado, fue detenido el 5 de abril por allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad. La Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas mencionó a la prensa el día de su detención, que Ramón Herrera Bautista estaba siendo investigado en relación con su participación en el interrogatorio de Martín Moguel López. Éste había señalado que Ramón Herrera Bautista lo había torturado durante el interrogatorio. Las autoridades no han confirmado los cargos que se le imputan.

A pesar de estas detenciones, las investigaciones no han arrojado resultados positivos tendientes al esclarecimiento de los crímenes, que aún continúan impunes. En abril, el abogado Jorge Gamboa Borraz fue designado por el gobierno chiapaneco como fiscal especial para investigar los homicidios. Jorge Gamboa Borraz renunció a su cargo el 24 de junio, debido a la falta de apoyo de las autoridades y funcionarios estatales en el desempeño de su labor. En un discurso pronunciado el 24 de junio en la ciudad de México con ocasión de la clausura de la semana cultural lésbica gay, Jorge Gamboa Borraz dijo: «no obstante de la supuesta aceptación del titular del poder ejecutivo local [Javier López Moreno, Gobernador de Chiapas] a los diversos planteamientos que tanto verbales como por escrito se le expusieron… a la fecha no he recibido, ni siquiera el nombramiento por escrito, requisito indispensable para legitimar cualquier actuación judicial que se realizara». Cuando se redacta este informe, aún no se había designado un nuevo fiscal especial que continuara las investigaciones de los homicidios.

RECOMENDACIONES

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional hace un llamado urgente a las autoridades mexicanas para que éstas:

1) Designen un nuevo fiscal especial que lleve a cabo los trámites correspondientes para rectificar las irregularidades presentes en la investigación de los asesinatos de gays en Chiapas; que esta designación sea acompañada de los recursos humanos, logísticos y económicos necesarios para que las investigaciones puedan continuar con prontitud e imparcialidad; y que las investigaciones se guíen por principios internacionales reconocidos, como los Principios de las Naciones Unidas relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias (véase Apéndice en página 11);

2) Pongan a disposición de los tribunales a los autores de estos homicidios, garantizando que los derechos de éstos se respeten de acuerdo con el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión;

3) Investiguen exhaustivamente las denuncias de tortura presentadas por personas investigadas y detenidas en relación con estos crímenes; que aseguren que los responsables de estos delitos pasan a disposición de los tribunales inmediatamente; y que se compense adecuadamente a Martín Moguel López, Carlos Cruz Bautista y Jorge Alejandro Gutiérrez Esponda, así como a sus familias;

4) Establezcan las medidas necesarias para garantizar la integridad física de los miembros de la comunidad gay de Chiapas y de todos los testigos de éstos u otros abusos contra esta comunidad;

5) Dispongan se revisen leyes y prácticas para garantizar que todas las torturas, los homicidios deliberados y arbitrarios, las amenazas de muerte u otros acosos graves que se cometen contra personas debido a su orientación sexual se investigan con prontitud e imparcialidad. Debe ponerse especial cuidado en garantizar una protección adecuada a las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos de los homosexuales o cuyo trabajo en el contexto de los derechos humanos de la mujer o de la educación sobre el VIH5 y el SIDA6 los convierta en blanco de ataques, por ser considerados lesbianas o gays7.

_______________

Notas

1. Véase México: Tortura e impunidad, Índice de AI: AMR 41/03/91/s, publicado en septiembre de 1991, páginas 34-39, donde se discute el papel de la Comisión en mayor profundidad.

2. Véase México: La perpetuación de la tortura y la impunidad, Índice de AI: AMR 41/01/92/s, publicado en junio de 1993.

3. Método de tortura por el que se fuerza por la nariz de la víctima agua mineral gasificada mezclada con chile.

4. Recurso de 3ª instancia

5. Virus de la inmunodeficiencia humana

6. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

7. Véase Rompamos el silencio: Violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual. Edición original, en inglés, Breaking the silence: Human rights violations based on sexual orientation, publicada por la Sección estadounidense de AI, febrero de 1994.

Extracto.

Publicación completa en:

http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR41/007/1994/es/bd640216-f8c0-11dd-b40d-7b25bb27e189/amr410071994es.pdf


2 thoughts on “Asesinatos de homosexuales en Chiapas, México: continúa la impunidad – 1991-1993

  1. Hola, encontré tu link, no pude ver el archivo completo del pdf en AI, de casualidad lo habrás bajado tu? Estoy haciendo un libro que, aunque no es directamente sobre el caso, hace una referencia. Espero y puedas ayudarme, gracias

    1. Hola. Por desgracia es todo lo que copie pues te darás cuenta que es bastante ya para una entrada común de un blog. Trataré de buscarlo en AI y si lo encuentro, te lo comunicaré. Gracias a ti por pasar por aquí. Luis

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