Crece la cifra de países que penalizan la diversidad sexual

 

 

Fuente: Amnistía Internacional

Apéndice 1: La aplicación de la pena de muerte por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.

Artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.

El artículo 6.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que la pena de muerte, en el caso de que se aplique, debe reservarse únicamente para los delitos más graves.

Asimismo, en las Salvaguardias para Garantizar la Protección de los Derechos de los Condenados a la Pena de Muerte, de la ONU, párrafo 1, se afirma: “En los países que no la hayan abolido, la pena de muerte sólo podrá imponerse como sanción para los delitos más graves, entendiéndose que su alcance se limitará a los delitos intencionales que tengan consecuencias fatales u otras consecuencias extremadamente graves”.

El Comité de Derechos Humanos, en su Observación general Nº 6, párrafo 7, ha afirmado que “la expresión ‘los más graves delitos’ debe interpretarse de forma restrictiva en el sentido de que la pena de muerte debe constituir una medida sumamente excepcional”.

En diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría la petición de una suspensión mundial de las ejecuciones. La resolución mereció un fuerte apoyo interregional y se adoptó con los votos a favor de 104 países, en tanto que 54 votaron en contra y 29 se abstuvieron. Esta decisión histórica del más alto organismo político de la ONU es un reconocimiento claro por parte de los Estados de la tendencia internacional en aumento hacia la abolición de la pena de muerte.

A pesar de estas obligaciones en materia de derechos humanos, en siete países – Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Nigeria en los estados que aplican la shari’a (ley islámica), Qatar, Sudán y Yemen– las relaciones sexuales consensuales entre hombres pueden incurrir en la pena de muerte. En cuatro países –Arabia Saudí, Irán, Nigeria en los estados que aplican la shari’a (ley islámica) y Qatar–, las mujeres pueden ser condenadas a muerte por lesbianismo.

ARABIA SAUDÍ

En Arabia Saudí no hay código penal, por lo que la pena de muerte y la homosexualidad no está plenamente definida. Sin embargo, en virtud de las reglas de la shari’a aplicables en Arabia Saudí, todo acto sexual realizado fuera del matrimonio es delito. Hay dos casos en los que la pena de muerte es pertinente para la homosexualidad:

􀂄 los delitos sexuales fuera del matrimonio o zina: el acto sexual (incluidos los actos sexuales entre personas del mismo sexo) de una parte casada (varón o mujer) fuera del matrimonio es punible con la muerte. Si los infractores (varón o mujer) no están casados, cualquier acto sexual (incluidos los actos sexuales entre personas del mismo sexo) se castigan con flagelación.

􀂄 el delito de “corrupción en la tierra”: “Corrupción en la tierra” es una expresión comodín ya que se puede aplicar a cualquier delito, incluidos los actos sexuales heterosexual o entre personas del mismo sexo si el juez lo considera apropiado. Acarrea siempre la pena de muerte.

El método de ejecución en Arabia Saudí es la decapitación.

IRÁN

El Código Penal iraní tipifica como delitos punibles con la muerte tipos concretos de relaciones sexuales entre personas del mismo sexo: la “sodomía” consensual entre hombres (artículos 110 y 111); las relaciones homosexuales entre hombres sin penetración (tafhiz) por cuarta vez (artículo 121), tras haber sido castigadas en cada una de las ocasiones anteriores, y en el artículo 131, por lesbianismo por cuarta vez, tras haber sido castigado por cada uno de los delitos anteriores. Además, la acusación falsa de “sodomía” por cuarta vez, tras haber sido castigada en cada una de los delitos anteriores, también es un delito punible con la muerte. El castigo por relaciones sexuales sin penetración entre hombres y por lesbianismo, en las tres primeras ocasiones, es la flagelación, que constituye tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las leyes también son discriminatorias por motivos de religión, por cuanto si un no musulmán es procesado por mantener relaciones sexuales consensuales con un musulmán, al no musulmán se le impone directamente la pena de muerte.

                 

MAURITANIA

El artículo 308 del Código Penal de Mauritania afirma que los hombres adultos musulmanes que cometan un acto “contra la naturaleza” con un individuo del mismo sexo pueden ser condenados a muerte. Según los datos de que dispone Amnistía Internacional, nadie ha sido condenado nunca a muerte en aplicación de esta disposición. El lesbianismo no es punible con la muerte sino con entre tres meses y dos años de prisión. Acusar a una persona de ser homosexual puede ser castigado con flagelación en virtud del artículo 341.179

NIGERIA

       En los 12 estados del norte de Nigeria donde se aplica el código penal de la shari’a (ley islámica), se puede imponer la pena de muerte por lapidación si la persona acusada está casada y se la declara culpable de relaciones sexuales consensuales con personas del mismo sexo cometidas fuera del matrimonio (zina). Los detalles varían de un estado a otro; por ejemplo, en el estado de Kano, el código penal de la shari’a estipula que “el lesbianismo [definido como] quienquiera que, siendo mujer, practica con otra mujer el acto carnal a través de su órgano sexual o por medio de la estimulación o la excitación sexual mutua comete el delito de lesbianismo” y se sanciona del mismo modo que la homosexualidad masculina.

QATAR

El delito de zina (acto sexual de una parte casada realizado fuera del matrimonio) es punible con la muerte. Esto se aplica a los hombres y a las mujeres y tanto a los actos homosexuales como heterosexuales. Si los infractores (hombres o mujeres) no están casados, cualquier acto sexual (incluidos los actos sexuales entre personas del mismo sexo) se castigan con la flagelación. En Qatar la shari’a se aplica sólo a los infractores musulmanes. Las ejecuciones por delitos de zina son sumamente raras en Qatar, y Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ninguna ejecución en los últimos años por condenas por delitos sexuales. Para los no musulmanes, la pena es de hasta siete años de prisión.

SUDÁN

En virtud del artículo 148 del Código Penal de 1991, toda persona declarada culpable por tercera vez de practicar el sexo anal, ya sea entre dos hombres o en una pareja heterosexual, puede ser condenada a muerte o cadena perpetua. En la primera sentencia condenatoria, la persona puede ser castigada con 100 latigazos y también puede ser castigada con hasta cinco años de prisión. La segunda puede acarrear 100 latigazos y hasta cinco años de prisión. El lesbianismo no se menciona explícitamente en el Código Penal vigente.

179 Artículo 341: “Sera puni d’une flagellation de quatre-vingts coups de fouet et interdit de témoignage jusqu’à sa réhabilitation judiciaire, toute personne majeure et saine d’esprit qui aura, soit par écrit intelligible, soit par parole audible ou métaphorique avouée, accusé un musulman d’être coupable du crime d’adultère, d’homosexualité ou d’être enfant naturel”.

YEMEN

El Código Penal de Yemen distingue entre tres situaciones: adulterio, sodomía y sexo entre mujeres. El adulterio es punible con la muerte por lapidación para la parte casada, varón o mujer. En este caso se parte del supuesto de que el acto es un acto heterosexual. La sodomía se castiga con muerte por lapidación para la parte casada, varón o mujer. En consecuencia, esto se aplica a los actos sexuales entre personas del mismo sexo cuando una o las dos personas implicadas están casadas. El sexo entre mujeres no se castiga con la muerte. El método de ejecución en Yemen puede ser la decapitación o el fusilamiento, pero en general se ejecuta por fusilamiento.

NOTA SOBRE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Los Emiratos Árabes Unidos no aplican la pena de muerte por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.

Los Emiratos Árabes Unidos constituyen un sistema federal en el que Dubai dispone de una gama completa de tribunales propios (cuando no, en algunas áreas, de leyes propias); Ras al Jaima también tiene su propio sistema judicial hasta el nivel de casación, que es asumido también por el sistema federal radicado en Abu Dhabi. El artículo 354 del Código Penal, “Ley de la Unión nº 3 de 1987” (Qanoun al-’Uqoubat) estipula la pena de muerte en un contexto de fuerza o de coerción, por medio de la cual un hombre o una mujer obligan a otra mujer o un hombre coacciona a otro hombre para que tome parte en el acto sexual: Amnistía Internacional considera, en consecuencia, que este artículo se ocupa de la violación, no de las relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo.

Como en otros países cercanos, es teóricamente posible que el delito de zina (un acto sexual realizado por una parte casada fuera del matrimonio) se castigue con la muerte y que esta tipificación se utilice para enjuiciar actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, dependiendo de los hechos de los casos. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de ningún caso en el que el uso de las leyes relativas al delito de zina contra la conducta sexual consensual entre personas del mismo sexo haya desembocado en una condena a muerte en los Emiratos Árabes Unidos.

 

Publicado en:     https://doc.es.amnesty.org

 

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Fuente: La Jornada

Mayo 18, 2012

CONAPRED: el Estado debe garantizar los derechos de la comunidad LGBT

México, DF. El respeto a los derechos de la comunidad de la diversidad sexual es responsabilidad, en principio, del Estado y no de la sociedad civil; por ello, el rezago en la materia, como el caso de México, es responsabilidad de autoridades, apuntó Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), al presentar el Informe mundial 2012 de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés) al conmemorar el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia.

Destacó que dicho reporte parte de la perspectiva de una “homofobia de Estado” y señaló como reto lograr que la tendencia en favor de avances legislativos para proteger las garantías de la comunidad LGBTTTI continúe. Para ello “hacen falta definiciones no sólo de la sociedad, sino de actores políticos”, como el caso del presidente estadunidense Barack Obama, quien se pronunció en favor de los matrimonios homosexuales.

El informe refiere que 40 por ciento de países miembros de Naciones Unidas todavía penalizan la homosexualidad con sanciones que van desde latigazos hasta la muerte: Mauritania, Irán, Arabia Saudita, Sudán y Yemen.

Destaca que creció la cifra de países que castigan la diversidad sexual al pasar de 76 el año pasado a 78 en este 2012 (se sumaron Sudán del Sur y Benín).

Desde el año 2000, las leyes que criminalizan actos homosexuales han sido derogadas en Armenia, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Georgia, Fiji, India, las Islas Marshall, Nepal, Nicaragua, Panamá y Estados Unidos, así como en territorios dependientes de Nueva Zelanda y Reino Unido.  Pese a ello, actualmente en al menos cinco países se puede aplicar la pena de muerte a aquellos que sean declarados culpables de delitos de conducta homosexual.

De los 113 países donde la homosexualidad es legal, sólo 55 tienen legislación contra la discriminación por motivos de orientación sexual en el lugar de trabajo; en 10 naciones gays y lesbianas disfrutan de plena igualdad en matrimonio y derechos y sólo en 12 se acepta adoptar niños por parejas del mismo sexo.

El informe fue presentado por Gloria Careaga, cosecretaria general de ILGA, quien señaló que la legislación es insuficiente para abatir los atropellos en contra de esa comunidad.

El CONAPRED difundió la Guía para la acción pública contra la homofobia, en la cual apremia a tipificar como agravante en la comisión de cualquier delito el que esté motivado por razones de odio hacia la diversidad sexual; reconocer la personalidad jurídica de personas transgénero y transexuales mediante reformas legislativas a los códigos civil y penal; reformar los códigos civiles y constituciones locales para legalizar el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo e incluir en los libros de texto el tema de la diversidad sexual con un enfoque libre de prejuicios y discriminación.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a los países a adoptar e implementar medidas necesarias para erradicar la discriminación por razones de orientación sexual y expresión de género.

Señaló que algunas naciones registran avances legislativos en la materia, pero advirtió que sigue recibiendo información sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras formas de violencia y exclusión contra lesbianas, gays y personas trans, bisexuales e intersexuales.


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